Proyecto ordenará forma de impugnar los permisos de edificación con canal único

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Un nuevo proyecto de ley y prontos cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones son parte de la “agenda de certeza jurídica” que trabaja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para enfrentar el escenario que gremios inmobiliarios, arquitectos y directores de obra han denominado de “incertidumbre”.

La Cámara Chilena de la Construcción ha estimado en US$ 5.700 millones la inversión que está paralizada en la Región Metropolitana debido a diferencias de interpretación de las normas urbanísticas entre la Contraloría y otros organismos del Estado. Con ello, afirman, los permisos de edificación han sido puestos en duda y familias que firmaron promesas para comprar una vivienda quedaron en vilo.

Más allá de casos en comunas puntuales, el proyecto de ley que alista el Minvu -cuyo borrador ya fue entregado a la Secretaría General de la Presidencia y que ha sido monitoreado directamente por el Presidente Sebastián Piñera- buscará “dar certezas tanto a la industria como a la ciudadanía”, afirmó el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, después de asistir ayer a la reunión plenaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

La iniciativa, denominada “Ley de protección de la legalidad urbanística y revisión de actos urbanísticos”, apuntará a crear un nuevo procedimiento administrativo-judicial para impugnar ordenadamente un permiso de edificación. El secretario de Estado afirmó que hoy existen “al menos seis vías distintas para hacerlo: la Contraloría, las seremis de Vivienda, las direcciones de obras, los recursos de protección, nulidad de derecho público y recursos de ilegalidad ante los alcaldes”.

La idea es que todo lo anterior sea reemplazado por una vía única. “Vamos a avanzar en una lógica de reclamos ante las direcciones de obras municipales, que son la primera instancia. Eventualmente, ante las seremis y, si no, al recurso judicial”, detalló el ministro.

El otro aspecto que abordará el proyecto será la información a la ciudadanía. La idea, contó Monckeberg, es que apenas se entregue un permiso de edificación se informe a los vecinos a través de carteles en terreno y en internet qué proyecto y con qué características.

Junto con lo anterior, se establecerá un plazo para que los vecinos puedan hacer consultas o reclamar ante el proyecto, si lo consideran necesario. “Seguir jugando a las escondidas con los proyectos inmobiliarios trae los problemas que estamos conociendo”, aseguró el ministro, quien reconoce que hoy la participación ciudadana que se exige para algunos desarrollos es poco conocida.

En paralelo, el Minvu está trabajando en cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) sobre las materias que debe abordar un plano regulador y si los efectos de cambios normativos son o no retroactivos.

Esas modificaciones no requieren un proyecto de ley, pero sí un decreto firmado por el Presidente y que sea tomado de razón por Contraloría. La cartera todavía no envía el documento al órgano de control, pero esperan hacerlo este mes.

Ordenamiento urbano

Fuera de la agenda de “certeza jurídica”, el Minvu trabaja en otro proyecto de ley para mejorar el sistema de aprobación de los planes reguladores. En esta tarea también está participando el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.

En la reunión plenaria de esa instancia, ayer se dio a conocer la creación de un nuevo grupo de trabajo precisamente para asesorar al Ejecutivo en el fortalecimiento de las normas urbanísticas.

 

Fuente: El Mercurio