Sentencia del TC marca nuevo precedente en permisos de construcción

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Un precedente se acaba de marcar para el sector inmobiliario, el que traería mayor certeza jurídica ante la construcción de proyectos y significaría una buena noticia para el sector de la construcción.

De ahora en adelante, cualquier proyecto inmobiliario no debería dar marcha atrás a medida que va cumpliendo etapas, invalidando incluso, cualquier posterior demanda de las comunidades o cuestionamientos medioambientales.

Esto, porque el Tribunal Constitucional -en dos instancias- declaró la inconstitucionalidad de las afectaciones de utilidad pública en el mall Paseo Balmaceda de La Serena. La decisión del TC da un giro, ya que antes había fallado de manera distinta ante cuatro requerimientos similares.

¿Qué implica la afectación pública? En caso de que otra hubiera sido la historia para el centro comercial, se podría haber dado marcha atrás a cada uno de los permisos conseguidos, hasta existir la posibilidad de demolición de los 8.000m2 cuestionados de un total 60.000m2, para dar paso a una iniciativa como una carretera, parque u otra obra pública.

“Se trata de un precedente histórico desde la perspectiva de garantizar el derecho a los inversionistas respecto de permisos de construcción a largo plazo, y el procedimiento a través del cual se logran, que hacen que su permiso sea incuestionable”, dice el socio de Gómez, Pallavicini & García Abogados, Gastón Gómez, quien fue uno de los requirentes de la causa ante al TC.

El presidente de la inmobiliaria Echeverria Izquierdo y presidente de la Comisión de Certeza Jurídica de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Bernardo Echeverría, plantea que “el error en la ley, y que viene a corregir el TC, es que se refiere a los permisos ya otorgados, excluyendo aquellos en trámite al momento del cambio normativo, lo que es fuente de incerteza normativa y afectación seria de derechos de los individuos”.

Mientras que el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo (UDD), Pablo Allard, destaca que “el fallo del TC viene a confirmar que cualquier proyecto que reciba recepción final, ya ha sorteado un sinnúmero de instancias de revisión y ajuste, por lo que no tendría sentido revertir su legalidad”.

A juicio del sector privado, el precedente del TC significaría una reorganización de los criterios que en el último tiempo han tomado en cuenta nuevos elementos, que han generado un cambio en las reglas a la hora de la construcción de proyectos ya en proceso.

En esa línea, el otro litigante de la causa, el abogado José Francisco García, plantea que lo fallado por el TC genera un “precedente fundamental que contribuye a generar certeza jurídica en el sector urbanístico que ha vivido en los últimos años en medio de una alta incertidumbre regulatoria”.

Misma opinión que plantea el arquitecto y decano de la UDD, quien comenta que las “reglas del juego lamentablemente se vieron debilitadas en el último tiempo debido a interpretaciones y acciones que generaron un clima de desconfianza que terminó en la llamada incerteza jurídica”.

Sin embargo, la jefa del programa de Planificación Urbana de la Universidad Católica, Magdalena Vicuña, no ve que exista una incertidumbre en este tema, pero plantea que “es necesario que los municipios deban ajustar sus planes reguladores y respectivas normas urbanísticas, de manera que no existan incongruencias que luego sean consideradas inadmisibles”.

Mientras que desde el gobierno, por medio de la jefa de la división de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Paz Serra, plantearon que el tema de la certeza jurídica es algo que trabajan por medio de circulares, decretos supremos y oficios, la mayoría de ellos consensuados con el mundo privado, la industria y otras instituciones”.

 

Fuente: Pulso, La Tercera

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