La primera de las siete ayudas sociales anunciadas por el Gobierno a inicios de mes comenzó a tramitarse este lunes en el Congreso. Se trata del proyecto de ley que crea un fondo de garantías especiales, que según el ministro de Vivienda, Carlos Montes, este año beneficiaría a 16 mil hogares que podrán acceder al pie para su primera vivienda gracias a una garantía estatal al 10% del valor del bien raíz.

La autoridad expuso la iniciativa en la comisión de Hacienda del Senado, junto a su par de Economía, Nicolás Grau; y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, donde destacaron que la propuesta se gestó tras meses de conversaciones entre dichas carteras, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y algunos bancos.

El fondo estará constituido por un aporte fiscal de US$ 50 millones, y contempla una eventual capitalización adicional de US$ 20 millones, que será administrado por BancoEstado y fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los representantes del Gobierno recalcaron que además de los dos programas que estarán disponibles a partir de este fondo -garantía para el pie hipotecario y apoyo a la construcción-, se está creando una herramienta de política pública permanente para enfrentar emergencias, que se podrá usar nuevamente en otras contingencias.

En el futuro, la herramienta se articulará con conversaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, que deberá aprobar la puesta en marcha de marcha nuevos programas.

Impacto esperado

Vivienda también plantea que se generaría un flujo anual de 120 mil créditos, según la presentación enviada a los integrantes de la comisión. Estiman que un 40% de los flujos de créditos anuales son para una primera vivienda de un valor menor a UF 4.500 -el tope que pone el proyecto para quienes quieran postular a la garantía (ver recuadro)-. Y de ese total, 12 mil son viviendas con subsidio. La garantía servirá solo para los créditos donde los compradores entreguen en pie menos del 20% del valor del immueble, que serían un 45% de los créditos.

Los números contrastan algo con los de la CChC, cuyo gerente de Estudios y Políticas Públicas, Nicolás León, detalló que en un escenario en que todo el fondo se dirigiera a las garantías estatales al pie de la vivienda, serían 24.440 los beneficiarios elegibles por año. Añadió que, al considerar que la tasa de impago de créditos del sector es de 7,9%, el fondo propuesto tendría el potencial de apalancar créditos por hasta US$ 633 millones.

Tanto la CChC como la Asociación de Bancos (ABIF) -también en la sesión- valoraron la iniciativa del gobierno, pero hicieron observaciones. El primer gremio indicó que es necesario evaluar los seis años de plazo de la garantía, dado que en créditos de largo plazo “la amortización podría no ser suficiente para cubrir el 10% del valor de la vivienda”. Un tema sobre el cual el senador Juan Antonio Coloma presentaría una indicación.

Y José Manuel Mena, presidente de la ABIF, acotó que el alcance de los programas dependerá de la definición de aspectos reglamentarios -como apalancamiento, deducible, comisiones, etc-, y la potencial revisión de los límites de ventas de las empresas elegibles.

El debate se zanjará en la comisión hoy martes, y luego será votado en la Sala del Senado.

Nuevo proyecto de ayudas

Al final de la jornada el Gobierno ingresó al Senado un proyecto con otras tres medidas comprometidas: la duplicación del bono marzo, el aumento del 20% de la asignación familiar y subsidio único familiar, y la creación del bolsillo familiar electrónico. El ministro Mario Marcel precisó que los beneficios se van a entregar desde marzo y abril, “en el momento de mayores necesidades de gasto para las personas”.

¿Quiénes pueden acceder a los programas?
Las condiciones que establece la propuesta del Ejecutivo

Los postulantes no pueden haber recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para financiar su primera vivienda.

El plan del gobierno tiene dos líneas: una de apoyo a la vivienda y otra al sector de la construcción.

La primera cubrirá hasta el 10% del valor de la vivienda. Los beneficiarios serán personas naturales que estén buscando financiar su primera vivienda, la que no podrá superar las UF 4.500. Además, los postulantes no pueden haber recibido ningún tipo de subsidio o beneficio estatal para el mismo fin, y se instará a que el objetivo sea vivir en la vivienda que se estará comprando, y que la misma no sea únicamente de inversión.

La segunda línea del proyecto considerará a empresas con ventas anuales netas entre UF 100.000 y UF 1.000.000, de las que al menos uno de sus giros corresponda a una actividad del listado de actividades priorizadas, que se definirán en el reglamento.

Puntualmente, las firmas con ventas netas anuales de UF 100.000 a UF 600.000 podrán optar a una cobertura de hasta el 70% del saldo deudor de cada financiamiento, y para las que perciben entre UF 600.000 y UF 1.000.000, la garantía cubrirá hasta el 60% del saldo.

El destino de los créditos garantizados podrá ser inversiones, refinanciamientos y capital de trabajo.

Ambos programas estarán vigentes por 12 meses desde la primera adjudicación a una institución financiera.

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Fuente: DF

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